Fiscalización y transparencia en el foco: la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la limitación ciudadana

Hoy el Gobierno ha dado un paso decisivo hacia una de las reformas más estructurales del sistema de justicia español en años: la aprobación del borrador de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entre otras cosas plantea que la fase de instrucción pase esencialmente a manos de la fiscalía, y reduce el papel de la acusación popular en determinados ámbitos.

El debate ha generado reacciones inmediatas: para unos, es un avance que aportará agilidad al proceso penal; para otros —sobre todo asociaciones y juristas—, supone un recorte de herramientas ciudadanas de fiscalización.

En un momento en que muchos ciudadanos reclaman más transparencia y participación, la reforma plantea una pregunta de fondo: ¿mejorará la eficacia de la justicia o limitará el control ciudadano sobre el poder?

Un debate que no solo afecta a Madrid, sino también a territorios como Canarias, donde la sensación de lentitud judicial y desigualdad territorial es una realidad.


Reflexión Pulso Canario

España necesita que la justicia funcione, pero también que se sienta justa y accesible para todos.

En Canarias, donde el sentimiento de desigualdad territorial es fuerte, esta reforma debe venir acompañada de garantías reales de transparencia y participación ciudadana, o corremos el riesgo de seguir viendo una justicia lejana, lenta y desconectada de la gente.


Por Daniel Ponce | Pulso Canario

Basado en información publicada por El País (29/10/2025)

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